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¿Cuál es el origen de la traducción jurada?

Historia de la traducción e interpretación jurada en España

La época colonial (1529-1630)

No se sabe con certeza quién fue el primer intérprete de la historia ni cuándo comenzó a existir esta profesión. Resulta difícil situar en el tiempo la aparición de los primeros intérpretes jurados en la península ibérica, pero no ocurre lo mismo con los intérpretes que surgieron tras la llegada de Colón a América. La llamada conquista y colonización configuró un panorama cultural muy complejo desde el punto de vista social, político, religioso y lingüístico. Era necesaria la ayuda entre dos o varias personas con necesidad de comunicarse, prestada por un tercero que hablaba ambas lenguas.

Los conquistadores se encontraron con más de 123 familias de lenguas en pueblos con los que querían comunicarse. Los primeros encuentros se establecieron, sin duda, mediante señales y símbolos. El siguiente paso sería la comunicación oral, con unas posibilidades enormes de malos entendidos y falta de entendimiento entre los nativos y los extranjeros. En esta época, se promulgan normas para evitar abusos y defender los derechos de los nativos que no hablaban la lengua española, dando origen a los primeros traductores-intérpretes.

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El siglo XIX y la independencia de las colonias españolas

Con la independencia de la América Española a comienzos del siglo XIX, el Imperio Ultramarino quedó reducido a las Grandes Antillas (Cuba y Puerto Rico) y las islas de Asia y Oceanía (Filipinas, Marianas y Carolinas), que continuaron siendo españolas hasta 1898. Gran parte de la población de estas islas desconocía la lengua española, por lo que la figura del traductor refrendado por el estado continuó siendo necesaria.

La figura del intérprete jurado evolucionará de forma distinta en cada uno de estos territorios, lo que explica que actualmente reciba diferentes denominaciones en los diversos países iberoamericanos: en Argentina y Uruguay recibe el nombre de «traductor público», en Colombia «traductor oficial», mientras que en México se le conoce como «perito traductor oficial» o «perito traductor certificado».

Con la promulgación en España del Arancel de Aduanas y la obligatoriedad de la traducción de los documentos que intervenían en la compraventa de mercancías internacionales, se inició un conflicto entre los intérpretes jurados y los «corredores intérpretes de buques», agentes mediadores del comercio marítimo. Toda embarcación extranjera que llegaba a España debía acudir a un intérprete para la traducción de la documentación relativa a las mercancías transportadas. Tras una larga batalla, en 1896 se falló finalmente a favor de los intérpretes jurados.

El siglo XX y la legislación actual

En 1969, las autoridades aduaneras eliminaron la obligatoriedad de traducciones oficiales para los documentos de comercio exterior, restringiendo en gran medida las competencias de los intérpretes jurados. Sin embargo, en 1988 adquirieron el derecho a ejercer en todo el territorio nacional, en lugar de a nivel provincial.

La legislación actual que regula la actividad de los traductores-intérpretes jurados en España tiene su origen en el reglamento de la carrera de intérpretes de 1870, que únicamente abarca cuestiones sobre el nombramiento y la distinción entre intérpretes jurados y funcionarios públicos. Estas cuestiones se mantuvieron en el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas de 1977, así como en la regulación vigente (Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre de 2014), que introduce el carné de traductor-intérprete jurado, así como nuevas disposiciones acerca del sello y un modelo estandarizado de certificación para las traducciones.

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